Por: Redacción/ TEN/ Salud
Datos vertidos en el seminario sobre Derecho y Medicina realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo tema central fue el impacto a la salud colectiva por el drástico aumento en los precios de medicamentos durante el presente sexenio y la política de la 4T, evidencia la realidad mexicana y ejemplifica la verdad que enfrentan diariamente millones de mexicanos.
Conforme a estos datos revelados durante el encuentro denominado, “Análisis jurídico del control de precios de medicamentos”, el costo de las medicinas más usadas por pacientes en México, tanto para las enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, cáncer e hipertensión) como para las más comunes o cotidianas (respiratorias y gastrointestinales), incrementaron entre el 200 y el 300 por ciento del año 2020 a la fecha, es decir, al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“La fosfomicina 200 por ciento, el ácido clavulónico 250 por ciento; los antibióticos en lo general y varios medicamentos para controlar el cáncer, los quimioterápicos, como fluorouracilo o vincristina entre 200 y 300 por ciento”, expuso Rubén Fernando Cano Valle, único médico en el staff de investigadores del IIJ. Pero la lista es mucho más larga.
El panorama aparece más desolador e incierto para millones de personas que requieren tratamiento de sus afecciones en la salud, en especial por el fracaso de las instituciones avocadas a suministrar medicamentos a los ciudadanos.
“Sabemos el acto fallido que fue el Insabi, y cómo ha sido reclamado a otras instituciones del sector público la omisión o negativa de suministrar medicamentos”, señaló el investigador Cano Valle.
“El Insabi fue descontinuando, ¿cuánto duró el experimento?, ¿cuánto duró el Frankenstein? Lo que duran las ocurrencias”, apuntó María del Pilar Hernández, otra investigadora del Instituto.
En México, el control de precios en los medicamentos no existe o simplemente es un asunto olvidado. No hay alguna dependencia dedicada a esta tarea.
A partir de 1992 se eliminó de manera paulatina la facultad de regulación en la materia de la Secretaría de Economía. Y el tema quedó en el limbo jurídico.
Desde su creación en 1993, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el órgano destinado, al menos en el papel, a garantizar las condiciones de libre competencia, ha analizado algunos casos con perjuicio a consumidores, pero ha carecido de dientes para frenar los abusos.
“Tenemos derecho a comprar en mercados competidos, pero hay grupos de interés cuyo objetivo es obtener rentas indebidas en perjuicio de la sociedad. La relación de precios de medicamentos en México es una caja oscura, la OCDE ha realizado investigaciones y no ha tenido acceso a la información”, reveló el comisionado de la Cofece, José Eduardo Mendoza Contreras.
“Cuando la Comisión entró en escena, a principios de los noventas, sí existían acuerdos con el sector farmacéutico y había un control de precios, no sólo en medicamentos de patentes, sino del resto, pero se fueron abandonando. En 2004, mediante un acuerdo entre la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Secretaría de Economía, se quitó la regulación.
Por otra parte, la OCDE tampoco ha tenido acceso a ese acuerdo, pero aquí hay un mea culpa, por lo menos en la Comisión ya lo debimos haber solicitado, para ver qué ocurre”.
Algunos de los expedientes analizados en el pasado por la Cofece han revelado diversas artimañas de farmacéuticas para incrementar precios y obtener ganancias millonarias, tanto en venta a farmacias como en compras públicas.
“Se ha documentado la colusión en licitaciones, acuerdos entre los laboratorios para inflar precios, y que gane alguien diferente en cada proceso sucesivo. El IMSS ha pagado sobreprecios de 2.9 por ciento en sus compras de soluciones intravenosas y 57.6 por ciento en compras de insulina. Se ha multado con 151.7 millones de pesos a los involucrados. Una empresa ganaba una licitación grande y luego otras ganaban tres licitaciones chiquitas equivalentes”, refirió Mendoza Contreras.
“Cuando las empresas dañan a una instancia pública, lo que están haciendo es quitar recursos para la salud que todos estamos poniendo en una bolsa, afectan al erario y a la sociedad. Sin ese incremento del 57 por ciento, por ejemplo, se habría podido comprar más insulina en un país que padece diabetes”.
Algo similar se usó en otro caso: bancos de sangre -se cuantificó un daño por 2 mil 229 millones de pesos-: “Igual se pusieron de acuerdo en licitaciones para que el erario pagara más, afectó a los usuarios del IMSS que, en general, son los que están en peores circunstancias en el país. Las empresas sí hacen cosas, aunque también hay que decir que no todas son el diablo”.
Otro ardid fue identificado en la distribución en farmacias, con un golpe económico de hasta 3 mil 250 millones de pesos.
“Los distribuidores se ponían de acuerdo hasta para los días de descanso, para no ir a distribuir en determinados días, usaron listas de medicamentos para dar descuentos y luego subir el precio, y utilizaron lo que se llama cuadrantes: tú lo subes primero, luego ya no, pero subes otro; un segundo sube el que tú habías subido, después un tercero y así se van rotando para que la ciudadanía no se dé cuenta”, aseguró el comisionado.
De acuerdo con datos citados por la investigadora Pilar Hernández, 50.4 millones de mexicanos no cuentan con servicios de salud y, por tanto, no cuentan con medicamentos.
Y en el último reporte generado por el Colectivo Cero Desabasto (correspondiente al 10 de junio de 2024), se revelaron que existen casi 7 millones 504 mil recetas sin surtir en los diversos subsistemas de salud en el país. Además, en 2023 las quejas de pacientes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el no suministro de medicinas subieron un 6.0 por ciento.
Cabe recordar la promesa vertida por el ejecutivo federal, que, al concluir con su mandato, México contaría con un sistema de salud, no como Dinamarca…mejor. Mejor ni compararlo.
