Marcos Édgar “N”; Gerson Javier “N”; Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, consiguieron la tarde de ayer martes la suspensión condicional del proceso que se les sigue por el delito de abuso de autoridad.
El Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, resolvió otorgar a los policías municipales la suspensión condicional del proceso, beneficio establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y les impuso las siguientes condiciones que deberán cumplir durante los próximos seis meses: residir en su domicilio actual, tomar y aprobar un curso en Derechos Humanos y acudir a firmar a los juzgados.
Asimismo, el Juez aprobó diferentes acuerdos reparatorios del daño, en virtud de que fueron diferentes las modalidades del delito que se les imputó a los policías y por los que fueron vinculados a proceso.
Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”, a quienes se les señaló el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio” a los derechos humanos, deberán pagar entre los tres, la cantidad de $30,000 pesos a la asociación civil ofendida.
Mientras que Marcos Édgar “N” y Gerson Javier “N”, vinculados por la modalidad de abuso de autoridad que señala que se comete ese delito “cuando en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona, sin causa legítima, o la vejare”, y por el delito de lesiones que no ponen en peligro la vida de la víctima, pero tardan más de 15 días en sanar, pagarán entre ambos $56,000 pesos a la víctima.
Además, bajo el concepto de reparación de daño a la sociedad, los cinco policías municipales deberán aportar la cantidad de $10,000 pesos al Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, A.C. (CANICA).
Los hechos por los que fueron vinculados a proceso ocurrieron el 10 de abril de 2022, cuando los cinco elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá llegaron a un centro de recreación para jóvenes que dirige una organización de la sociedad civil, ubicado en Camino a Colimilla, en el Fraccionamiento Residencias el Prado.
Al arribar al lugar, dos de los uniformados golpearon e insultaron a la persona que les abrió la puerta, mientras que los otros tres elementos ingresaron al domicilio sin orden o mandato judicial que lo justificara, y apuntaron con sus armas de cargo a los jóvenes que se encontraban en el interior.
Por esos hechos una persona presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, la cual fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde se abrió la carpeta de investigación por abuso de autoridad y por lesiones que integró en conjunto con Visitaduría de la Fiscalía estatal.
El 27 de diciembre de 2022 fueron presentados los cinco policías municipales ante un juez, quién resolvió su vinculación a proceso, y hoy tras llegar al acuerdo con la víctima y la asociación civil ofendida, obtuvieron la suspensión condicional.
