Por Víctor Galindo
De acuerdo con las mediciones de pobreza multidimensional del Coneval (2020), el 54.34% de las niñas y niños de cero a cinco años se encuentran en pobreza, 42.51% en pobreza moderada y 11.83% en pobreza extrema. Asimismo, 20.2% son vulnerables por carencias sociales y 9.29% vulnerables por ingresos lo que da como resultado que un 23 por ciento de niñas y niños de la primera infancia tiene carencia de servicios básicos en sus hogares, tales como servicios básicos en la vivienda y acceso a la seguridad social.
La mitad de las niñas y niños en primera infancia se concentran en ocho estados de la República Mexicana (51%). El Estado de México es la entidad con mayor población, por lo que resulta lógico que en este estado se concentre el 12.8% de la población nacional de primera infancia.
Por décadas, la primera infancia en México es una etapa que no ha sido atendida por los gobiernos federales y estatales advirtió Early Institute al presentar el Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI México), en donde se destaca que sólo se canaliza el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 175 mil 565 millones de pesos para atender a este sector fundamental de la sociedad.
Lo anterior implica que se encuentra muy debajo de países con menos desarrollo como Guatemala que canaliza el 09% de su PIB, Salvador y Paraguay que orientan el 1% y Argentina con un 1.3%.
No obstante que la población infantil es de 12 millones 226 mil 266 niñas y niños en México que sufren el aislamiento de sus derechos fundamentales como: el estado de salud, educación, nutrición, talla, peso, condiciones de vida, violencia y pobreza.
En este contexto, Early Institute lanzó el denominado SIPI México que integra datos estadísticos actualizados, respecto a 142 indicadores que atañen a la primera infancia de nuestro país.
De acuerdo con el documento elaborado para la presentación, la población de primera infancia representa casi el 10% de la población total; 1 de cada 10 personas en México son niñas y niños de entre cero y cinco años.
Lo delicado del caso es que en el país hay 632 mil 331 niñas y niños en primera infancia están con alguna discapacidad, limitación o problema o condición mental, lo que representa el 5.71% de la primera infancia total de México; 289 mil 966 niñas y niños de la primera infancia hablan alguna lengua indígena y 200 mil 052 niñas y niños se consideran afromexicanos, es decir, el 2% de la primera infancia.
Del universo total de población de primera infancia 1 de cada 4 niñas y niños viven en localidades rurales y 2 de cada 10 niñas y niños entre 3 y 4 años están en riesgo de no alcanzar su potencial por un desarrollo inadecuado.
En conferencia de prensa, la investigadora Renata Díaz Barreiro y el investigador Cándido Pérez Hernández, integrantes del think tank mexicano Early Institute revelaron que la educación inicial de la matriculación se calcula en 3.8% y, respecto a la educación preescolar, se encuentra en un 71%, la cual se considera aún baja.
En este sentido se pronunciaron para que las autoridades de la SEP analicen el retorno del programa de Escuelas de Tiempo Completo que dejo desamparados a 3.6 millones de niños en condiciones de pobreza y que luego de una década funcionando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo borro de un plumazo.
Estaba dirigido a 27 mil colegios del país y estudiantes de entre cinco y 14 años en zonas de alta marginación que les otorgaba un almuerzo al medio día que para el 11% de esta población era su única comida del día; 70% eran de comunidades indígenas y rurales, y el 55% de los menores beneficiados estaban por debajo de la línea de pobreza.
Si ha esto le sumamos los datos del SIPI México de Early Institute encontramos que tres de cada 10 escuelas a nivel preescolar no tienen acceso al agua, dos de cada 10 no tienen servicio de electricidad; y una de cada 10 carece de drenaje, lo que refleja de manera preocupante su deficiencia en el ejercicio del derecho a una educación de calidad para todas las niñas y niños de México.
Y si le sumamos los indicadores de pobreza revelados por el Instituto encontramos que uno de cada 2 niñas y niños menores de 6 años se encuentran en esta situación, lo que implica que no se le están cumpliendo al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, calidad de su vivienda, servicios de su vivienda o alimentación.
Y si le seguimos, en salud únicamente el 18.5 de los niños y niñas del país de un año fue identificado con Cartilla Nacional de Vacunación o Cartilla Nacional de Salud, según esquema completo al año de edad, de acuerdo con la información obtenida del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19.
En paralelo, el 10.5 por ciento de los niños nacidos vivos pesaron menos de 2 kilos 500 gramos al nacer. El peso al nacer indica el estado de salud de la madre y las posibilidades de supervivencia del recién nacido, de su futuro crecimiento, de su salud en el largo plazo y de su desarrollo psicosocial. El bajo peso al nacer -definido como menos de 2,500 gramos- implica riesgos graves a la salud de las niñas y niños (ENIM,2015).
Finalmente, los investigadores afirman que existen otros factores que repercuten enla salud de niñas y niños, tales como contar con agua y drenaje en el hogar. En este sentido, el 8.3 por ciento de niñas y niños de entre 0 y 5 años registraron carencia por acceso a servicios de agua. Y el 6.83 por ciento registró carencia de acceso a servicios de drenaje.
Por esto y más los indicadores que presenta Early Institute son determinantes como una herramienta para tomar decisiones por parte de legisladores, gobernadores, autoridades del sector público y actores sociales, para la generación de políticas públicas en favor de niñas y niños que conforman la primera infancia y que han sido abandonadas por décadas.
