Redacción/Contexto
Juan Carlos Pérez Góngora, Presidente de México Justo AC, aseguró que ante la incapacidad de las organizaciones de la sociedad civil para que tener una mayor incidencia en la vida pública del país y logren exigir sus derechos, los gobernadores han abusado al grado de querer destruir todo lo que signifique participación ciudadana.
Dijo que desde el año 2000, en México se han presentado un debilitamiento del estado de derecho y han incrementado los niveles de corrupción e impunidad, sin que las sociedad y sus organizaciones hayan podido conformarse como una verdadera fuerza participativa en México.
Al presentar el libro “¿Estado de derecho? Síntomas de un México impune”, editado por México Justo, Pérez Góngora manifestó que organizaciones empresariales y colegios de profesionistas en el país, se han conformado con hacer únicamente pronunciamientos relacionados con el estado de derecho en México, pero no han hecho propuestas o exigencias ante la evidente ausencia de la aplicación de la ley.
Por su parte, el investigador de Word Juistice Projet en México, Mario Rodríguez Vigueras, dio a conocer algunos resultados de su más reciente índice del Estado de Derecho en México.
Aseguró que México se ha convertido en los últimos cinco años en un país más corrupto y mencionó que en materia de la aplicación del estado de derecho, los estados de Guanajuato, Querétaro y Nayarit son los que tienen mejores resultados y los más bajos en resultados son los estados de Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero.
En materia de ausencia de corrupción y procuración de justicia, los estados con índices más positivos son Querétaro, Nayarit y Yucatán, mientras que los más deficientes son el Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.
El Estado de Jalisco está dentro de los tres estados con el peor desempeño en materia de ausencia de corrupción en el Poder Judicial, junto con Puebla y Quintana Roo, mientras que los mejores en este rubro son Querétaro, Sinaloa y Guanajuato.
El especialista afirmó que entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el que proporcionalmente menos invierte en seguridad y justicia, al tiempo que recomendó a las entidades (a los estados) configurar sistemas sólidos anticorrupción, a pesar del intento del gobierno federal por detener los mismos.
