José Antonio “N”, Exdirector de Obras Públicas del Ayuntamiento de Degollado, Jalisco en la administración 2018-2021, fue sentenciado por el delito de peculado tras aceptar su culpabilidad por haberse quedado con $350,000 pesos que aportaron los habitantes de varias comunidades para la instalación de redes de agua potable.
En audiencia que concluyó la tarde de ayer en el Cuarto Distrito Judicial con sede en Ocotlán, el Juez de Control y Oralidad Ricardo Ríos Bojórquez sentenció al exfuncionario municipal a un año cuatro meses de prisión y el pago de una multa de $5,792 pesos, tras haber aceptado su responsabilidad en el delito de peculado por el que fue vinculado a proceso el 26 de octubre de 2023.
En audiencia para desahogar el procedimiento abreviado solicitado por la defensa del exfuncionario municipal que fue señalado por el delito de peculado, previsto en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que comete “todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”, el Juez le impuso además 20 años de inhabilitación para ejercer algún cargo público.
Asimismo, José Antonio “N” deberá reintegrar al ayuntamiento la cantidad de $350,000 pesos que recibió en agosto de 2020 por parte de habitantes de las comunidades de Quirino, la Tinajera, Rancho Nuevo y Unión de Guadalupe, para instalar nueva tubería para el agua potable por los que expidió un recibo a los ciudadanos que entregaron el recurso que nunca ingresó a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Degollado, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien integró la carpeta de investigación.
Además, como reparación del daño causado a la sociedad con su actuación, tendrá que hacer un donativo de $15,000 pesos a Nariz Roja, asociación civil que ayuda a niños con cáncer.
Toda vez que la pena no excede los dos años de prisión, la defensa del exfuncionario solicitó conmutar la pena de prisión, beneficio que considera el Código Penal del Estado y que le fue concedido por el Juez, por lo que tendrá que pagar $7,600 pesos.