Nadia Noemí “N”, ex presidenta Municipal de Mexticacán, y Omar “N”, ex director de Obras Públicas de ese municipio, así como la constructora Torpa, fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Los primeros dos imputados son señalados por autorizar el pago de una obra sin que se hubiera concluido, mientras que la empresa, por haber cobrado sin completar la obra que le fue asignada.
En audiencia inicial que duró casi 13 horas, realizada en los Juzgados del II Distritito Judicial con sede en Tepatitlán, el Juez de Control y Oralidad, Víctor Manuel Vázquez Flores, resolvió vincular a proceso a los ex servidores públicos, así como a la persona jurídica por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en diferentes modalidades: Nadia Noemí “N” y Omar “N”, fueron vinculados por otorgar autorizaciones de contenido económico de manera ilícita. Además, Omar “N” también fue señalado por ser omiso en la obligación de administrar o verificar directamente el cumplimiento de los términos de un contrato.
Mientras que a la empresa Torpa se le vinculó por participar o promover el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del patrimonio público.
Durante la administración 2018-2021, la expresidenta Municipal y el exdirector de Obras Públicas de Mexticacán autorizaron el pago de 2.78 millones de pesos a la empresa Torpa, por concepto de remodelación del Rastro Municipal, pero la obra no se concluyó, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Tras llevar a cabo las investigaciones y peritajes se determinó sólo se han realizado 62% de los trabajos contratados, por lo que se estimó que el costo de la obra faltante ascendería a $1’044,000 pesos, monto en el que se estimó el daño al erario, por lo cual fueron imputados los ex funcionarios así como la empresa constructora.
El Juez determinó como medidas cautelares para los ex funcionarios la presentación periódica a firmar, así como la prohibición a salir del país sin autorización durante un año.
Entretanto, para la empresa constructora el Juez ordenó una intervención judicial consistente en que se instruya al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que designe a un contador o interventor para la constructora con el fin de evitar que se desintegre o cambie de razón social hasta que concluya el proceso judicial; asimismo, para evitar que sea contratada para realizar obras públicas en Jalisco, por el lapso de un año.
