El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, actúa de manera irresponsable al politizar un clamor ciudadano legítimo en contra del programa de verificación vehicular implementado por su administración, el cual es un fracaso porque la zona metropolitana de Guadalajara sigue siendo una de las ciudades más contaminadas no sólo del país, sino a nivel mundial.
Ante la imposición de este programa que evidentemente tiene fines recaudatorios, ciudadanos vallartenses decidieron expresar su rechazo el pasado fin de semana, tal como ha ocurrido también en varias ocasiones en la propia capital del estado, puesto que el rechazo es generalizado.
De hecho, Alfaro Ramírez ha sido señalado por la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC) por imponer este programa licitado a través de corrupción, por lo cual esa organización ha presentado denuncias ante órganos internos de dependencias estatales que han sido frenadas y por ello recurrirá a instancias federales.
Este fin de semana, Enrique Alfaro utilizó a su incondicional Susana Rodríguez Mejía, representante del gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta, para desvirtuar la acción emprendida legalmente por el gobierno municipal que encabeza el Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez al clausurar el verificentro vehicular y atribuir el movimiento de rechazo a militantes de Morena.
La medida que adoptó el presidente municipal está plenamente justificada legalmente y además fue aplaudida por líderes del sector empresarial de la región y por la sociedad en general.
Por el contrario, fiel al estilo de Enrique Alfaro, su gobierno violentó el estado de derecho en Jalisco con la fuerza pública (Policía Estatal), en un claro abuso de autoridad, así quedó demostrado al bloquear e impedir el acceso a funcionarios municipales para una segunda clausura a una empresa particular, al haber retirado ilegalmente los sellos de la primera, pisoteando con ello las leyes y la autonomía del municipio. En la visión de Alfaro, impera la ley del más fuerte y no la justicia y la razón.
Enrique Alfaro debe ser responsable y asumir sus propios actos y costos políticos, a la sociedad no se le puede etiquetar con un solo partido político por no estar de acuerdo en una forma de gobernar, está intentando politizar un clamor ciudadano legítimo y responsable, pues desde hace años es evidente su rechazo a escuchar al pueblo vallartense.
Organismos ciudadanos y no gubernamentales sin afiliación partidista, así como especialistas universitarios, han descalificado el programa de verificación vehicular, conscientes de que las actuaciones del gobernador están más ligadas a sus aspiraciones políticas y alejado de la realidad que vive la entidad en materia de contaminación ambiental.
Puerto Vallarta se encuentra enclavado en una región con excelente calidad del aire, donde por sus condiciones climatológicas y geográficas no hay índices de contaminación fuera de norma. A las pruebas nos remitimos: El pasado domingo 2 de abril, la empresa suiza IQAir de tecnología de calidad del aire que se especializa en la protección contra los contaminantes del aire, informa que en esta región el nivel es de 40 ICA, es decir, respiramos ambiente de buena calidad.
En contraste, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el programa de verificación vehicular se realiza desde hace varios años, en la parte oriente de la mancha urbana el registro fue de 152 ICA, nivel perjudicial para la salud de las personas. Evidentemente dicho programa es un fracaso, pues la mayor contaminación proviene del sector industrial y de los incendios forestales, que se han incrementado por el pésimo programa de prevención y sobre todo de combate implementado por su administración.
