Por: Víctor Galindo «Vigaro»
Desde la tarde de este viernes 04 de noviembre, con casas de campaña, un centenar de trabajadores despedidos injustificadamente de diferentes áreas operativas, administrativas, de control, archivo y otras del Consejo de la Judicatura estatal, dependencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se postraron frente a la puerta principal del congreso de Jalisco a esperar la llegada del ejecutivo, quien el domingo próximo rendirá su IV informe de Gobierno ante el pleno legislativo.
La denuncia de estos afectados, es que, existe un terrorismo laboral hacia el interior del poder judicial, en especial en el Consejo de la Judicatura, en dónde existe una fuerza laboral de alrededor de 2 mil 700 personas, 100 de ellas, recientemente contratadas.
Sin embargo, a decir de los afectados, desde el pasado mes de mayo se ha venido orquestando sistemáticamente una represión que ha desencadenado un «terror» y una incertidumbre entre el personal de diferentes áreas y quienes curiosamente participan en el equipo del Consejero Dr. José de Jesús Becerra Ramírez, quien también es víctima de las decisiones conjuntas aplicadas por el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Mtro. Daniel Espinosa Licón,, quien lejos de respaldar al personal que ha sido institucional en sus funciones, ahora son «corridos» injustificadamente, por ordenes directas y cuya causal es, la de no coincidir con las tropelías cometidas por personal «incondicional» que tienen en el organigrama del poder judicial.
Así lo declararon a este medio, mientras colocaban sus mantas, «habemos afectados 98 trabajadores, quienes dependemos únicamente de nuestro trabajo, muchos de nosotros hemos sido institucionales, nuestro único pecado es estar adscritos al consejero Becerra, y como él no ha sido comparsa ni se ha prestado a la voluntad del presidente ni de los otros consejeros, lo están desmantelando en donde más le afecta, en su equipo de trabajo», dijo uno de los afectados, quien pidió nos reserváramos su nombre por temor a represalias.
«Casi el 50 por ciento o más somos madres solteras o cabeza de familia, esta injusticia nos ha llevado a la desesperación y quienes aun se encuentran laborando en el consejo, tienen un hostigamiento e incertidumbre de depender de una decisión visceral», argumentó una de las afectadas, a quien llamaremos simplemente, Mari.
«Esperamos al gobernador para encararlo y que nos reinstale, eso es lo que pedimos, que nos regrese nuestro trabajo, tenemos 10, 15 20 o más años de servicio, muchos (la mayoría) somos profesionistas, sabemos hacer nuestro trabajo, y no se vale que por el simple hecho de no estar solapando sus abusos, ni aplaudir sus resoluciones, se ensañen contra nosotros», lamentó una persona de la tercera edad que, refirió, «en todos los años que he servido al poder judicial, es la primera vez que experimento tanta mezquindad e injusticia laboral».
Es de llamar la atención que, mientras el ejecutivo utiliza un doble discurso acerca de el respeto hacia los jaliscienses, hacia los derechos humanos, la equidad y el genero, entre otros muchos otros eslóganes, es en la estructura oficial al servicio de las dependencias gubernamentales donde más violaciones se cometen.
«Señor Gobernador, regrésenos nuestro empleo, usted ordenó que nos lo quitaran por no ser cómplices de las injusticias y el cochinero que hay adentro de su gobierno, por eso nos reprime y no se vale», argumentó otra ex trabajadora.
