Como una medida para facilitar el empleo formal y digno a quienes ya estuvieron en un centro de reinserción social y cumplieron con la pena correspondiente, además de buscar terminar con la discriminación laboral, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó este miércoles, reformas a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que ya no sea obligatoria la carta de no antecedentes penales.
Con este se prevé un beneficio al mayor grueso de la población que constantemente busca trabajo y es resultado de la iniciativa que presentó la Diputada Priscilla Franco Barba.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, únicamente tendrá la facultad de emitir la constancia de antecedentes penales en los casos que la Ley Nacional de Ejecución Penal señala desde el año 2016, como es que alguna embajada o consulado la soliciten, que alguna autoridad administrativa o judicial la requieran por determinado procedimiento, cumplir un derecho u obligación como el caso de portación de armas o cuando se quiere ingresar a instituciones de seguridad pública o privada.
Con respecto al poder ejecutivo, se ha otorgado la facultad a las Secretarías de Trabajo y de Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres, para que vigilen y supervisen que no haya casos de discriminación laboral de los empleadores, mediante la solicitud de la constancia de no antecedentes penales.