Por: Redacción/ TEN/ Tecnología
El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), inauguraron los trabajos del 4º Foro de Bioseguridad Integral para el Bienestar en torno a aspectos científicos, tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, culturales, humanísticos y jurídicos, con énfasis en elementos que aporten y privilegien a la protección del ambiente, la salud, la riqueza biocultural del país y al bienestar del pueblo de México, con un horizonte de derechos humanos, con el propósito de contribuir a la formulación de políticas públicas de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM).
En apego a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) y la normativa en materia de bioseguridad de los OGM, este foro expone el enfoque integral de bioseguridad de los OGM, impulsado por la Cibiogem, en un espacio de retroalimentación, diálogo de saberes y discusión en la voz de personas expertas en estos temas.
La sesión denominada “Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de la bioseguridad de los OGM”, que corresponde a la primera mesa de diálogo, se realizó los días 7 y 8 de noviembre de 2023 y contó con opiniones de expertas y expertos que compartieron información y experiencias sobre los procesos de consulta que se han llevado a cabo en el país, en las zonas donde se han liberado OGM, el nuevo protocolo aprobado por la Cibiogem como mecanismo para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como los retos de su implementación.
En su mensaje inaugural, el secretario ejecutivo de la Cibiogem, Alejandro Espinosa Calderón, destacó que las experiencias compartidas sobre los procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables en el país, permitirán contribuir a garantizar la libre determinación y otros derechos, frente a los daños y riesgos asociados a la liberación de OGM en los distintos territorios.
Agradeció el compromiso social y ambiental de las y los especialistas, pues su “experiencia en este proceso es esencial para construir confianza entre todas las partes involucradas y garantizar que se cumplan y defiendan los derechos de las comunidades en el ámbito de la bioseguridad y los OGM”.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt, Raymundo Espinoza Hernández, realizó un recorrido histórico-jurídico sobre los procesos de consulta en México, particularmente los relacionados con la liberación de OGM.
Especificó que “en los gobiernos neoliberales era común que los procesos de consulta fueran manipulados, así como que se violentaran sus principios y reglas elementales”, tal como sucedió en el caso de la soya transgénica en Yucatán.
Referente a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, afromexicanas y equiparables, resaltó a la consulta como un medio de garantía para el ejercicio de la libre determinación y del derecho a la participación que éstos tienen, que debe realizarse de manera previa, informada y de buena fe, mediante procedimientos culturalmente adecuados.
“La consulta es una prerrogativa fundamental cuya protección puede exigir cualquier integrante de una comunidad indígena, […] es necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como los derechos culturales y patrimoniales ancestrales que se les reconocen”.
La directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, Erica Lissette Hagman Aguilar, presentó el Protocolo para garantizar la libre determinación, en el marco del mecanismo de consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, con relación a las solicitudes de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados (OGM), recientemente aprobado por la Cibiogem.
Destacó que este protocolo “responde a un adeudo que se tenía por parte del gobierno federal hacia las comunidades indígenas, por falta de atención y cumplimiento de obligaciones respecto a sus derechos, particularmente los referentes a los sitios donde se liberaron en el ambiente los OGM”; añadió que el protocolo establece las bases y es una guía que deberá siempre ponerse a consideración y discusión con las personas de los pueblos y comunidades en las que en su caso, se realicen los procesos consultivos.
El director de Participación y Consulta Indígena, Iván Ramos Méndez, afirmó que el Estado mexicano mantiene un desafío vigente para atender una brecha importante para la implementación de los procesos de diálogo y consulta indígena. “Hay reconocimiento expreso en las normas, pero en la realidad, los pueblos y comunidades no son beneficiadas de estos marcos jurídicos. […] Hay necesidad de generar instrumentos normativos de protección a la bioseguridad que resguarden los componentes que le den riqueza al país”.
El investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Óscar Arnulfo de la Torre de Lara, realizó un repaso de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, que están relacionados con la bioseguridad de los OGM, destacando diversos elementos de la Constitución Política y resaltando la relevancia del concepto de territorio y derechos conexos.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jacobo Mérida Cañaveral, señaló la importancia de no confundir el procedimiento con el derecho a la consulta. “Existe un derecho a la consulta y es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, que tiene sus bases históricas, éticas, culturales y en relación con su derecho al territorio”.
Del protocolo presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, enfatizó de manera positiva que, la visión constructivista del instrumento pondera la adecuación cultural, en beneficio de las comunidades y pueblos indígenas, coincidiendo en que la consulta debe ser una expresión del derecho a la autodeterminación de los pueblos.
“Es muy importante que el protocolo tiene la oportunidad estructural para que la adecuación estructural se dé. El protocolo va a ser muy importante para la construcción de un modelo de consulta que no se tiene en México, donde los acuerdos sean vinculantes y generar un espacio específico para cumplir que la nación mexicana es pluricultural, donde el Estado mexicano debe otorgar y respetar garantías”.
Con la realización de este foro abierto, Conahcyt y Cibiogem cumplen la obligación —establecida en la Ley General en materia de HCTI— de fomentar, realizar y apoyar actividades de investigación humanística y científica, que redunde en el bienestar de pueblo de México e incluya la preservación, restauración, protección y mejoramiento del ambiente, y faciliten el ejercicio y goce de otros derechos humanos, individuales y colectivos de la presente y futuras generaciones.
En la primera sesión del 7 de noviembre también participó la subdirectora de Seguimiento a Políticas Públicas y Normatividad de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, Alejandra Sánchez Jiménez. La segunda mesa tendrá lugar el próximo martes 14 a las 11 am.
