Por: Redacción/ TEN/ Región
Dice un dicho popular, “para muestra, basta un botón”; otro asegura que “la verdad no peca, pero incomoda”.
Esto es lo que aparentemente ha desatado la información revelada por este medio, al dar seguimiento a la intervención de la finca que años atrás perteneció a la familia Jiménez Limón, en el cruce de Alcalde y Angulo, en el centro histórico de Guadalajara.
Haber hecho pública la afectación que, disfrazada de intervención o remozamiento y la complicidad de la arquitecto perito asignada a esa obra, de nombre Martha Leticia Ulloa Hernández; las imágenes circuladas en medios electrónicos y redes sociales, parecen haber llegado hasta la cúpula sindical, causándoles una molestia.
Sin embargo y para conocimiento de este sindicato; existen muchas fincas afectadas por el mismo “modus operandi”, que llevaron a la aniquilación de inmuebles con valor patrimonial, para convertirlos en estacionamientos o construcciones modernas de muchos pisos, edificios que aparecen de la noche a la mañana.
Todo parece indicar que para el representante del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de Arqueología e Historia, Delegación Jalisco y el personal que representa; el negocio que les preocupa no es el de la conservación de los inmuebles antiguos, sino que desaparezcan y den paso a las constructoras y empresas inmobiliarias, para crear moles estructurales de gran densificación.
Lo que se ha señalado por parte de algunas organizaciones civiles, es que existe una complicidad y mucho dinero de por medio entre algunos servidores públicos y representantes de grupos inmobiliarios que se “protegen” unos a otros y actúan bajo la comisión sistemática de violaciones a las leyes vigentes y avanzando en la modificación del paisaje urbano, aunque eso represente pulverizar al patrimonio arquitectónico heredado por antiguas generaciones de tapatíos, que le dieron una fisonomía particular a las edificaciones de la Guadalajara señorial.
