VINCULAN A PARTICULARES POR COBRAR A SEDIS CURSOS QUE NUNCA IMPARTIERON

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José Ricardo “N” y José Ramón “N”, administrador general y apoderado general, ambos de la empresa RD, Servicios Fiscales y Patrimoniales, fueron vinculados a proceso por el delito de peculado.

 

En continuación de la audiencia inicial celebrada este viernes en los juzgados de Puente Grande, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, resolvió vincular a proceso a los dos particulares por el delito de peculado que comente “cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó”, según establece el Código Penal del Estado de Jalisco.

 

Por lo anterior, el Juez estableció que los imputados tendrán que presentarse a firmar cada mes por un periodo de 6 meses y no podrán salir del país sin autorización judicial.

 

De acuerdo con la investigación que condujo el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 8 de febrero de 2018, la empresa RD, Servicios Fiscales y Patrimoniales firmó con la entonces Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) un convenio para brindar capacitación en materia contable y financiera a 25 asilos y 25 casas hogares, entre febrero de noviembre de 2023.

 

A finales de marzo de 2018 se cubrió el pago por $345,500 pesos a la empresa, y el 31 de octubre de ese año, José Ricardo “N” y José Ramón “N” entregaron a la Sedis la supuesta documentación comprobatoria de que habían realizado los cursos y firmaron un acta circunstanciada sobre la conclusión del proyecto.

 

En 2021, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, que sustituyó a la Sedis, tuvo conocimiento de la irregularidad y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción quien, tras las investigaciones, comprobó que no se llevaron a cabo dichos cursos de capacitación, lo que causó perjuicio a la sociedad y al erario, por lo que judicializó la carpeta de investigación.